Ayer los integrantes de la II Sala Penal presidida por el Dr. Carlos Del Piélago Cárdenas, la Dra. Rosa Peláez y la Dra. Chavela Carrión, observaron al más absoluto detalle los 3 videos presentados por la DUES, de hechos ocurridos cuando despejaban el aeropuerto que había sido “tomado” por un grupo de indígenas. También observaron los videos la representante del Ministerio Público Dra. Haydee Vargas, el abogado de la procuraduría de la policía, la representante de la empresa Plus Petrol, los nativos inculpados, los diferentes abogados que los defienden, prensa internacional y prensa local.

Lo cierto es que no se sabe de qué podrían valer los videos de la policía porque a todas luces se ve que en las partes donde no les conviene mostrar la realidad, llámese maltrato físico a los nativos, fueron cortadas, editadas las imágenes. Aún así se les fue un pedazo de grabación donde un policía jala de los pelos al nativo Fachín, obligándole que de cara a la cámara. Y por breves segundos a los nativos cabeza al suelo, con las manos a la espalda. Nada de nada, de cuándo los hicieron echar a empujones, como lo ha narrado más de un testigo.

En todo momento quien grabó el video, trataba de mostrar a los nativos como delincuentes avezados, incluso el Crnl. Chavarry (a cargo del operativo) quien vino a decir acá en su instructiva que “no los trataron mal porque todos son hermanos, hermanos peruanos” allá estaba transformado dejando registros donde afirmaba que los nativos eran unos delincuentes extremos.   

Tampoco se veía muy bien las heridas de los nativos, mientras que mostraban una y otra vez las heridas de los policías, aparecidas a causa de los perdigones recibidos.

En todo caso, se ha visto momentos de aquella protesta que desgració la vida de muchos inculpados, así como de la familia del policía muerto. Sin duda que todo sirve para llegar a la Verdad y serán los magistrados los únicos en emitir el veredicto final que se proyecta para fines del mes de noviembre.

El juicio oral continúa mañana miércoles a las 10 de la mañana en el auditorio del poder judicial.

Fotos del careo

Iquitos (Interlínea).- Sorpresivamente tres oficiales de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (DINOES), se presentaron al proceso seguido contra 27 indígenas de Andoas por la toma del aeropuerto de Pluspetrol en esa jurisdicción, y la muerte del suboficial Jaime Reyna Ruiz, entre otras acusaciones.

Quienes atendieron la notificación judicial fueron el teniente Juan Pablo Konja Carreño, quien aseguró haber visto al acusado Saulo Sánchez Rodríguez asesinar al policía Reyna; el coronel Alfonso Edilberto Chávarri Estrada, quien comandó la operación en marzo del año pasado y el coronel Cléver Elí Vidal Vásquez, jefe de regimiento operativo de la DINOES, quien llegó como oficial de avanzada al plan de desalojo del referido terminal aéreo que habían tomado los comuneros. Su participación trastocó los planes de la Segunda Sala Penal de Loreto, pero sobre todo de los abogados de la defensa que no se prepararon para la eventualidad de que acudan los policías de la DINOES, quienes durante el año y ocho meses que dura el juicio no dieron señales de tener interés en apersonarse.

Uno de los letrados, Javier Ruiz, intentó suspender la sesión porque estaba reemplazando al abogado Víctor Alván, defensor del principal imputado, Saulo Sánchez, no sintiéndose en condiciones de interrogar adecuadamente a los testigos.

El presidente de Sala, Carlos Del Piélago, hizo notar que los oficiales solo tenían unas horas de autorización para estar en Iquitos y que una vez que asistieron al juicio ya cumplieron con atender la notificación, no teniendo obligación de regresar otra fecha, además de que es responsabilidad de cada parte estar listos para asumir la defensa o acusación de los involucrados.

En la última sesión debió iniciarse la etapa de visualización de videos, pero la presencia de los policías hizo que se postergara para recibir sus testimonios, lo que duró casi cinco horas y la Sala tuvo que suspender incluso otras diligencias procesales. También se puso a derecho el acusado Felipe Murayari Saquiray, a quien solo pudieron tomarle sus generales de ley y leerle la acusación fiscal, dejando su interrogatorio para otra audiencia.

TESTIGO Y ACUSADO FRENTE A FRENTE

Después de concluir con el testimonio del teniente  Juan Konja, en el que varias veces señaló sin dudas a Saulo Sánchez como el autor de la muerte del suboficial Reyna, ambos fueron careados ratificando su acusación el primero y reiterando su inocencia el segundo.

Incluso Konja aseguró que las heridas que él sufrió en la mano, el brazo y el pie, también fueron por un disparo de Sánchez, cuando desalojaban el aeropuerto, y no duda en imputar al acusado del crimen de su compañero porque lo vio agacharse y pararse varias veces entre los matorrales, estando a 4 metros de distancia.

Asimismo, mientras Sánchez Rodríguez ratificó que lo capturaron cuando veía televisión en su casa, Konja y los demás oficiales afirmaron que lo ubicaron debajo de su cama.

Las contradicciones que existen entre los mismos policías sobre la vestimenta que tenía puesta quien disparó contra Reyna, Konja trató de explicarlas señalando que pudo tener una ropa sobre otra, que se la sacó en una u otra situación.

Según el teniente, la misma madrugada de los hechos no detuvo a Sánchez porque prefirió atender a su compañero herido y ya había visto al autor, aunque no sabía su nombre y tampoco lo habían visto los demás efetivos de su escuadrón, ni había otros testigos.

Al día siguiente lo buscó indagando por alguien que portaba una escopeta. Según dijo, fueron los pobladores de Andoas quienes le precisaron que se trataba de Sánchez, alguien que no vivía en esa comunidad, quien disparó contra el policía fallecido. Esa versión fue reiterada después por los coroneles.

Sin embargo el presidente de Sala sentó en acta que no es satisfactoria la declaración de cómo es que otras personas acusan del crimen a Sánchez, no hubo más testigos en el momento del hecho y que el teniente Konja supone que el acusado es el culpable porque llevaba una escopeta, siendo común en esa zona que la gente las cargue y además habían visto a varios otros disparar y herir con sus retrocargas a los policías.

Asimismo, entre otras observaciones, Del Piélago anotó que resulta extraño esconderse debajo de la cama para eludir una responsabilidad penal, habiendo tenido oportunidad de huir incluso al Ecuador, por la inmensidad de la selva.

FUE UNA MUERTE ABSURDA

Por su parte el coronel Chavarri aseguró que desde el principio intentaron infruocuosamente el diálogo y que empezaron a recibir disparos de perdigones desde la boscosidad cuando empezó el desalojo del aeropuerto.

Afirmó que no autorizó el uso de sus AKM a pesar de ser atacados con perdigones, porque hubiera ocurrido un costo social alto y se trataba de una operación contra disturbios que no ameritaba el uso de armas. Sostuvo que en todo momento respetaron los derechos humanos de los detenidos.

Consideró absurda la muerte del policía Reyna porque ya había concluido el desalojo y opinó que “quizá Saulo Sánchez no tuvo la intención de matarlo, porque no tenía motivo y tampoco era perseguido, pero ahora será la justicia la que determine su responsabilidad”, apuntó.

Igualmente el coronel Vidal dijo que él personalmente se ocupó de que no maltrataran a los comuneros capturados, les dieran alimentación y los tuvieran en un container con ventanas, propiedad de Pluspetrol. Negó que esas habitaciones contuvieran tóxicos porque su propio personal estuvo allí para la custodia.

Agregó que en todo momento estuvo el Ministerio Público observando los incidentes y que todos, policías y detenidos, fueron atendidos médicamente.

Mencionó no haber sabido que el pastor José Noa estuviera inicialmente entre los detenidos y se extrañó que declarara sobre torturas, porque fue colaborador con la policía y se despidieron como amigos.

Lo que dijo desconocer fue si en algún momento a los comuneros les obligaron a tomar las escopetas para que los fotografiaran y registraran en videos como terroristas, pues él volvio a su función operativa y dejó a los detenidos en manos del Ministerio Público y del prsonal de criminalística de la PNP.

PUNTOS SUSPENSIVOS

- La fiscal superior Aida Vargas Oviedo pidió se cite al médico legisla Francisco Moreno Iserg para aclarar sobre el tratamiento forense que recibieron los detenidos en Andoas.

- Falta que acuda el testigo Mayta Salinas, pero también los policías Elmer De Paz, Justo Jurado, Jorge Chumpitaz, Fredy Navarro, Augusto Carbonel, Alfredo De La Cruz, Davilmar Mendoza, Efraín Chipana y Eduardo Anco.

- Durante la sesión última se hicieron varias alusiones al caso Bagua, sobre todo tratando de descubrir si las órdenes surgieron más allá del alto mando de la PNP.

Indígena Marco Polo Ramírez Arahuanaza, criminalizado y judicializado por Pluspetrol Norte S.A.

De manera sorpresiva, y mientras el Poder Judicial en Loreto continúa  dilatando el inicio del proceso judicial a los indígenas de Andoas, la transnacional petrolera Pluspetrol Norte S.A. “exigió” a la Corte Superior de Loreto, que además de los “supuestamente implicados” y denunciados bajo los cargos contra la vida, el cuerpo y la salud , contra el patrimonio, contra la Seguridad  Publica, contra la tranquilidad Pública , contra la Administración Pública y Delitos contra la Libertad Personal; se amplié la demanda a los “demás” indígenas que participaron en la toma del aeropuerto bajo el agravante de usurpación agravada.

Esta arremetida judicial por parte de Pluspetrol Norte S.A., manifiesta la clara intencionalidad de “bloquear” todo intento de protestas y de demandas de las reivindicaciones ambientales, económicas y sociales de los habitantes de la comunidad indígena en Andoas, los cuales desde que la transnacional petrolera iniciara sus actividades en el Lote 1-AB, ha venido provocando un creciente y desmesurado daño ambiental  en las cuencas altas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre; afectando de manera preocupante a la población indígena que habita esa zona en la región nor oriental del Perú.

Se debe tener en cuenta que el Grupo Pluspetrol nace con operaciones en la Argentina en 1976, según refiere su propio portal web.

Programa de Defensa de Derechos Indígenas
8 de mayo del 2009

Indígenas de Andoas protestan en las afueras del Penal de Iquitos. Esta presente el Presidente de FEDIQUEP

Por segunda vez consecutiva y en menos de 10 días, la Segunda Sala Penal de Loreto, postergó el inicio del juicio oral a los 25 indígenas de la Comunidad de Andoas, “supuestamente” implicados en los sucesos ocurridos durante la toma del aeropuerto de Pluspetrol Norte S.A. desarrollada el 22 de marzo  del 2008. Esto debido, a la inasistencia de los magistrados de la Sala.
El juicio oral, reprogramado, debió haberse  iniciado hoy 8 de mayo a las 10:00 horas en la sede del Poder Judicial ubicado en el Penal de Iquitos.

Por otra parte, siendo las 11:00 horas, un fuerte contingente policial continuaba impidiendo el acceso de decenas de indígenas a las instalaciones del  Penal administradas por el INPE en donde debía de llevarse a cabo el proceso, exponiendo a los indígenas -asistentes a la convocatoria judicial- a la inclemencia del tiempo de manera discriminatoria.

Por tal razón el Presidente de la Federación de Indígenas Quechuas del Pastaza (FEDIQUEP), Aurelio Chino Dahua, conjuntamente con los indígenas presentes marcharon por espacio de cuarenta minutos hacia la Corte Superior de Justicia de Loreto, para presentar su firme y enérgica protesta, ante estos actos discriminatorios. Fueron recibidos por el Presidente de dicha Corte, Dr. Roger Cabrera Paredes, quien hizo públicas sus disculpas, así como también, el Presidente de la Segunda Sala Penal.

El Programa de Defensa de los Derechos Indígenas (PDDI), advierte a la opinión pública global y a las instituciones de derechos humanos, respecto a esta “actitud” dilatoria  del proceso por parte del Poder Judicial en la región Loreto. Además de visualizarse actos de discriminación contra los indígenas de Andoas, que han viajado desde su comunidad por vía fluvial hasta la capital loretana.

Los indígenas vienen sosteniendo una situación de precariedad en la ciudad de Iquitos, al no contar con recursos económicos.

Marcha de indígenas en Iquitos. Foto: Jhonerickrm

Programa de Defensa de Derechos Indígenas
8 de mayo del 2009

Programa de Defensa de Derechos Indígenas.
5 de mayo del 2009

Fotografía, tomada durante el inicio del juicio oral en la Segunda Sala Penal de de la Corte Superior de Loreto (PDDI).

Habiéndose  realizado las notificaciones debidas por parte del Poder Judicial  y luego de realizado el traslado de los indígenas desde la comunidad de Andoas hacia la ciudad de Iquitos, el juicio oral que debió haberse iniciado el día 30 de abril en la Segunda Sala Penal de La Corte Superior de Loreto, fue suspendido ante la falta de un traductor oficial especializado  que pueda servir de interlocutor  de  la acusación fiscal de la que son objeto los indígenas acusados por diversos delitos, ocurridos durante los operativos de desalojo del aeropuerto administrado por la transnacional Pluspetrol Norte S.A., durante de las protestas realizadas el  20 de marzo del 2008.
Esta manifestación colectiva se realizó ante la situación de contaminación, violación de derechos colectivos y de reclamos de índole laboral que realizaban los indígenas contra la transnacional petrolera que se ubica en el Lote 1- AB en el oriente peruano.

Se debe tener en cuenta, que del total de procesados hay 2 indígenas detenidos en Iquitos, Saulo Sánchez Rodríguez y Tedy Guerra Indama.
Por otra parte el contingente mayor, que constituyen 24 procesados, fueron los que se trasladaron por vía fluvial desde la comunidad de Andoas hasta Iquitos, y que luego de la suspensión del juicio oral hasta el día viernes 8 de mayo, vienen sobrellevando condiciones muy precarias en su estadía en la capital de la Región Loretana.

El Programa de Defensa de Derechos Indígenas –PDDI, a través de su director, Jorge Tacuri Aragón, que ha asumido también la defensa de varios los acusados; solicitó al Presidente de la Segunda Sala Penal, que se pueda corregir toda deficiencia que conlleve a dilatar el proceso, teniendo en cuenta que es responsabilidad del Poder Judicial tomar la previsión adecuada que permita llevar adelante el juicio oral con respeto al debido proceso.  

Programa de Defensa de Derechos Indígenas
5 de mayo del 2009

PRONUNCIAMIENTO

Nos dirigimos a:

A los pueblos indígenas de la Región Loreto y el Perú, a las organizaciones sociales, al Gobierno Regional de Loreto, al Gobierno Central, a los ciudadanos(as) de buen sentir.

El 20 de marzo pasado se ha cumplido un año de la lucha que llevaron adelante quechuas y achuares,  quienes tomaron el aeropuerto de Andoas de propiedad de la empresa  PLUSPETROL, exigían diálogo con la empresa y el Estado.

Algunos medios de comunicación y los defensores de las transnacionales han pretendido desinformar y tergiversar las realas causas y demandas de nuestros hermanos, pero 12 meses después la verdad empieza a abrirse paso.

La protesta de nuestros hermanos es una respuesta a los impactos en territorio indígena de 40 años de actividad petrolera en la zona; el paro no fue sólo de la Comunidad de Nuevo Andoas sino estuvieron promovidas por las comunidades de las tres cuencas; Pastaza, Tigre y Corrientes donde la unión de los pueblos Quechua y Achuar se hicieron presente.

Esta movilización estuvo dirigida por las autoridades de las tres cuencas antes indicadas y su plataforma de lucha abordaba el tema laboral de los indígenas que trabajaban para la petrolera, reparaciones para víctimas de la contaminación, remediaciones de la zonas de derrame, participación de la empresa en prevención y atención de la salud de las comunidades, y sobre todo la extensión del Acuerdo de Dorisa para las cuencas del Pastaza y Tigre.
 
En los días de la toma del aeropuerto las autoridades comunales habían pactado con los representantes de la PLUSPETROL una reunión para el 31 de marzo del 2008 y estaban esperando la llegada del máximo representante de la Empresa para iniciar el diálogo; pero fueron traicionados y se decidió por el uso de la fuerza pública desalojándolos del aeródromo con un lamentable saldo de un policía muerto y mas de 50 personas detenidos y trasladadas a la cárcel de Iquitos.

Ahora, en circunstancias que se viene desarrollando la medida de protesta- paro-  de los pueblos indígenas de la Amazonía ;  el 30 de abril  del presente año,  se iniciará el juicio oral (juzgamiento público) contra 24 hermanos procedentes de la zona de conflicto, a quienes la Fiscal Superior de Iquitos  Magistrada Heydde Vargas solicita penas de 25, 23, 20, 16, 12 y 08 años de cárcel; este proceso penal se ha convertido en uno de los primeros caso donde se juzga a los indígenas en el marco de la criminalización de la protesta donde el Estado antes que promover el dialogo y reconocer que la demandas y movilizaciones de nuestro pueblo son consustanciales con la democracia y  de no actuarse así se  vulneraría la Constitución, por lo que se estaría utilizando el sistema penal Draconiano sólo para los efectos de acallar  toda protesta, por cuanto las  mismas son actividades voluntarias de respuesta ante la indiferencia de las autoridades estatales y empresariales, mas no un delito.
 
Por ello como organización indígena y representantes de los Quechuas del Pastaza exigimos.

Para el juzgamiento.

1. JUICIO JUSTO, PUBLICO, RAPIDO Y QUE LAS AUDIENCIAS DE JUZGAMIENTO SE REALICEN EN A SEDE DEL PODER JUDICIAL Y NO EN LA SALA DE AUDIENCIAS DE LA CARCEL.

2. LIBERTAD INMEDIATA DE LOS ENCARCELADOS TEDDY GUERRA INDAMA (SEGUNDO APU DE ANDOAS) Y SAULO SANCHEZ RODRIGUEZ.

3. CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 169º DE LA OIT Y LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN EL JUZGAMIENTO DE NUESTROS HERMANOS.

Para la zona del conflicto.

4. ATENCION INMEDIATA POR PARTE DEL ESTADO CON LA PARTICIPACION DEL PLUSPETROL PARA QUE SE CONSTRUYA UN VERDADERO CENTRO DE SALUD, UN VERDADERO COLEGIO, ASFALTADO DE LA CARRTERA QUE UNA LA CUENCA DEL PASTAZA, EL TIGRE Y CORRIENTE.

5. RESOLVER DE MANERA INMEDIATA LA SITUACIÓN ALIMENTARIA DE LA ZONA DEBIDO A ENCARECIMIENTO DEL LOS PRODUCTOS BASICOS DE LA CANASTA FAMILIAR Y A LA DESAPARICIÓN POR CONTAMINACIÓN DE LA FAUNA DE CAZA PARA SUBSITENCIA.

6. CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN MULTISECTORIAL (CONGRESO DE LA REPUBLICA, GOBIERNO REGIONAL, AIDESEP, MUNICIPALIDAD DISTRITAL) PARA VISITAR LAS COMUNIDADES Y RECOGER LOS TESTIMONIOS E INSPECCIONAR LAS ZONAS CONTAMINADAS A FIN DE ELBABORAR PROPUESTAS DE REPARACIONES POR LOS IMPACTOS.

7. CONFORMAR UN COMISIÓN DE MEDICOS INDEPENDIENTES CON PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD PARA INGRESAR A LA ZONAS DE IMPACTO Y HACER LOS EXAMENES A LOS MORADORARES Y DETERMINAR LAS CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES Y MUERTE DE LOS HABITANTES DE LA ZONA.

8. POR LA CONTAMINACIÓN, MUERTES, EXPULSIÓN DE NUESTROS TERRITORIOS, EL NO RECONOCIMIENTO DE NUESTROS DERECHOS A LOS LARGO DE LOS ULTIMOS 40 AÑOS HACEMOS UN LLAMADO AL PERU A QUE NOS APOYEN Y EXIGIR AL GOBIERNO Y PARLAMENTO LA CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN DE LA VERDAD PARA INVESTIGAR Y HACER RECOMENDACIONES SOBRE EL CONFLCITO ENTRE PUEBLOS INDIGENAS E IMPACTOS DE  ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN TERRITORIO INDIGENA.

9. SOLCITAMOS GARANTIAS PARA VIDA DE LOS MORADORES DE NUEVO ANDOAS ANTE EL ACOSO POLICIAL POR PARTE DE LA DINOES.

Por ultimo, invocamos a la solidaridad del pueblo de Iquitos y a las organizaciones sociales con la finalidad hacernos llegar su solidaridad para poder afrontar nuestra permanencia y poder afrontar esta etapa de nuestra lucha que es la defensa jurídica de nuestros derechos en un proceso penal. Iquitos y retorno de nuestros hermanos a

¡ LIBERTAD PARA LOS PRESOS DE ANDOAS!

¡VIVA LA UNION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS!

¡VIVA EL LEVANTAMIENTO INDIGENA!

¡SANCION A LOS CULPABLES DE LA CONTAMINACIÓN Y MUERTE DE NUESTROS HERMANOS INDIGENAS!

AURELIO CHINO DAHUA
Presidente de FEDIQUEP
Cel. 96531396

Lima 28 de Abril de 2009

Nota:
Vea la información en el archivo adjunto (Haga clíck en el texto)

Delegación PDDI que viajó a Andoas.

Con fecha jueves 16 de abril, una delegación del Programa de Defensa de Derechos Indígenas de Solsticio Perú (1) partió con destino a Andoas a efectos de reunirse con los pobladores de diversas Comunidades Nativas del pueblo Quechua de la zona, dado que 25 de sus pobladores están denunciados por los hechos de marzo del 2008, cuando cientos de ellos tomaron las instalaciones de la empresa PLUSPETROL, situación que involucró la lamentable muerte de un efectivo policial.
La protesta de aquel entonces tuvo orígenes directos en un problema laboral, pero dentro de un contexto de las relaciones entre la empresa y la población marcado por un clima de violencia y vulneración de derechos humanos por parte de la empresa transnacional Pluspetrol.

En esta zona, que está dentro de los límites del Lote 1-AB, se debe tener presente que, aún se continúa con el vertido de aguas de producción al río Pastaza , las mismas que son la principal fuente de afectación del medio ambiente y la salud de los pobladores Achuar y Quechuas de la región.
 
La delegación, compuesta por el abogado Jorge Tacuri Aragón y dos videastas europeos, debía ingresar por vía aérea a Andoas, pero fue impedida de aterrizar al enterarse la empresa de su presencia. La aeronave tenía permiso para llegar a este aeropuerto y fue arbitrariamente desviada hacia el distrito de San Lorenzo, poniendo en riesgo la vida de sus tripulantes dado que el combustible apenas les alcanzó  para legar al nuevo destino.
Hoy lunes 20, dos días después de lo previsto, la delegación llegó a la zona por vía fluvial y fue interrumpida en sus labores de diálogo y entrevistas a la población por efectivos de la DINOES; que comportándose como seguridad de la empresa los interceptaron, solicitaron documentos, permiso de trabajo e impidieron que realicen filmaciones en el aeropuerto.

De esta manera, la empresa Pluspetrol aprovecha el control que tiene de sus instalaciones para impedir el libre tránsito de las personas y dificultar la defensa de la población local. Se debe tener en cuenta, que si bien el aeropuerto es “privado”, se rige por las normas del sector transporte, y de acuerdo a la Constitución Política del Estado peruano, y la propiedad se ejerce en armonia con el bien común. Es por ello, que el impedimento del acceso a los representantes del Programa de Defensa de Derechos Indígenas (PDDI)  -a pesar de haber tenido permiso a la salida del aeropuerto de Tarapoto- constituye un hecho grave por las condiciones climáticas en que se desarrollaba el vuelo, y la capacidad de combustible que ostentaba la aeronave para cubrir el trayecto.

Por otra parte, la población nativa manifiesta preocupación y temor frente a la DINOES, debido a las tortura que sufrieron durante el operativo policial de hace un año y a la misteriosa muerte del nativo Carlos Curitiva Chuge, el 24 de abril, con una herida de bayoneta.

Informamos a la opinión pública en general, Defensoría del Pueblo, Congresistas y demás autoridades competentes a efectos de que se mantengan alertas sobre el accionar de esta trasnacional petrolera, la única que aún vierte aguas de producción que destruyen los ríos amazónicos y envenena a nuestros hermanos indígenas, con la complicidad del Ministerio de Energía y Minas.

Programa de Defensa Derechos Indígenas
20 de abril del 2009

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(1) El Programa de Defensa de Derechos Indígenas (PDDI) es un proyecto de la Fundación Solsticio de Dinamarca orientado a brindar asesoría jurídica a las organizaciones indígenas y respaldar a aquellos de sus líderes que sean víctimas de las políticas de criminalización de la protesta social. Desde diciembre del 2008 hemos asumido la defensa penal de los indígenas denunciados en el caso Andoas.

En el momento en que se iniciaron las operaciones, no se había desarrollado en el Perú ninguna legislación protectora del medio ambiente ni parámetros que permitieran medir los límites máximos permisibles de contaminantes en las fuentes de agua por actividades de hidrocarburos. Es así que las actividades petroleras en estos lotes se llevaron a cabo sin cuidar mínimamente los impactos negativos a las personas y al medio ambiente. Las aguas del sub suelo, con altos grados de contaminantes, concentración salina y elevada temperatura, eran vertidas a los ríos Corrientes, Tigre y Pastaza, junto con los hidrocarburos y demás concentrados propios de la producción petrolera.

Esto conllevó un enorme daño al ecosistema y a la salud humana (la mayor tragedia ambiental en el Perú); el grave deterioro de la zona fue expresamente reconocido por el Estado peruano mediante la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) desde 1984, en ese momento se le consideraba como “una de las zonas ambientales críticas más dañadas del país” (1) . Sin embargo, nunca se tomaron medidas concretas para e vitar que se continúe con la degradación; ni siquiera cuando doce años después (1996), la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, (DGAA) decidió darle prioridad a la evaluación ambiental y territorial de esta zona, que seguía en el mismo status de área ambientalmente crítica.

El Lote 1-AB fue transferido a OXY el 22 de Junio de 1971; en un principio comprendía un área de 529 mil hectáreas (Lote 1A). En 1978 se anula el primer contrato, se redimensiona el área y se unifica con el lote contiguo 1B, abarcando una extensión de 479,265 hectáreas (4,793 Km2) y con la nomenclatura definitiva de lote 1AB. Ese mismo año se inaugura la primera zona de operaciones, la base “Teniente López”, en las orillas del río Corrientes; un año después (fines de 1972), se descubrió el yacimiento Capahuari, en las tierras quichua del Pastaza.

En la actualidad, los campos de producción abarcan: Capahuari Sur con 27 pozos, en tierras del pueblo Quichua de la cuenca del río Pastaza; 15 pozos en el campo Shiviyacu, 12 en Huayurí, y 12 en Dorissa, ubicados en tierras del pueblo Achuar del río Corrientes; 21 pozos en el campo San Jacinto y 10 pozos en el campo Bartra, ubicados en tierras del pueblo Quichua de la cuenca del río Tigre y 10 pozos en el campo Forestal, hacia la frontera con Ecuador.

La estación recolectora principal (Nuevo Andoas) se encuentra también en la cuenca del Pastaza, lugar donde funciona también la planta de bombeo inicial del Ramal Norte del Oleoducto Nor-peruano, de propiedad de la empresa estatal Petroperú. En la actualidad, el Lote produce alrededor de 150 millones de barriles de reservas probadas, manteniendo más de 600 millones de barriles de reservas probables.

Datos oficiales hasta el 2004 (2), dan cuenta de un promedio de 98 millones y medio de barriles de aguas de producción por año, que han sido vertidas sin tratamiento al río Corrientes y sus afluentes. Estas aguas son las principales fuentes de contaminación ambiental, pues contienen sustancias altamente tóxicas: cementos, sulfatos y bicarbonatos asociados al sodio, calcio, magnesio y metales pesados. Además de ello, son vertidas con altas temperaturas y tienen elevado contenido salino (en los ríos de la selva el nivel normal de sal es de hasta 10 partes por millón y se han registrado aguas de producción petrolera vertidas con niveles de cloruros de 40 hasta 60 mil partes por millón).

Estas prácticas contaminantes, permitidas en el Perú hasta el año 2006 (3), estaban completamente proscritas en otros países; en particular en EE.UU, donde la reinyección de las aguas contaminantes en el subsuelo estaba regulada desde los años 50. Pese a ello, la norteamericana OXY y posteriormente la argentina Plus Petrol aprovecharon la laxitud de nuestro sistema jurídico para abaratar sus costos de producción en desmedro de la amazonía y de la vida de los pueblos indígenas que la habitan.

Contexto organizativo
La población Quechua del Pastaza, según el censo de 1993 , es de 2175 en el Perú (4) . En el Ecuador asciende alrededor de los 10.000 y la población total de la familia Quechua en el conjunto de Perú asciende a unas 50.000 personas. La misma información censal de 1993 indica que existe un total de 4719 personas del pueblo Achuar (1.97% del total de la población indígena censada).
La población indígena de las tres cuencas, Corrientes, Tigre y Pastaza, empezó a organizarse en los primeros años de la década de 1990. Se conformaron la Federación de Comunidades Nativas del Tigre (FECONAT), la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP) y Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (FECONACO). El año 2000, se conformó una organización achuar de alcance mayor; la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), formada por las organizaciones indígenas Achuar ATI y ORACH.
La empresa petrolera es asumida por la población como un ente que reemplaza al Estado, que no tiene real presencia en la zona. Esto determina relaciones de relativa subordinación por los servicios de transporte, salud, apoyo a pequeñas actividades específicas; todo ello trastoca la relación como sujetos de derecho frente a la Plus Petrol.
Situación Jurídica de los Pasivos Ambientales y la afectación de la Vida y la Salud en la cuenca de los ríos Corrientes, Tigre y Pastaza.

Es recién desde 1993 que se introduce el marco reglamentario ambiental al Sector Hidrocarburos. Como parte de ello, los Estudios de Impacto Ambiental. Para las operaciones anteriores al año 1993, se crearon los PAMA, Programas de Adecuación y Manejo Ambiental; con estos instrumentos se podría cumplir con las nuevas obligaciones establecidas en el DS 046-93 EM – Reglamento Actividades de Protección Ambiental en Hidrocarburos.

Los PAMA son estudios que establecen programas de mejora paulatina de las operaciones con obligaciones precisas y debidamente presupuestadas. En el caso del Lote 1-AB el PAMA fue aprobado durante la gestión de OXY y Pluspetrol continuó con su ejecución.

Plus Petrol debió ejecutar su PAMA hasta el año 2002; pero dado que no cumplió con el plazo acordado con el Estado, fue ampliado hasta el año 2006, mediante el Decreto Supremo 028-2003-EM, mediante el cual se crea el “Plan Ambiental Complementario”, para todas aquellas empresas que no hayan cumplido con los PAMA (era el caso único y exclusivo de Plus Petrol).

El año 2004, que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG), emite un informe dando cuenta de los altos niveles de sustancias contaminantes que han sido vertidas en las aguas del río Corrientes. También en el Lote 8, OSINERG determinó “la presencia de contaminantes por encima de los máximos permisibles en suelos y quebradas han originado diferentes grados de afectación al medio natural selva… el agua vertida sale con altas concentraciones de cloruros, aceites y grasas, así como a altas temperaturas”.
Así también, en agosto del 2005, la Dirección Nacional de Salud Ambiental (DIGESA), realizó una visita de reconocimiento para la evaluación de la calidad sanitaria, de los recursos hídricos y muestreo biológico en las comunidades de la cuenca del río Corrientes. Los resultados de este estudio fueron entregados extraoficialmente a la organización Achuar del río Corrientes, FECONACO en mayo del 2006 y se hicieron de público conocimiento en julio de ese año. El informe determina lo siguiente:
- Más del 98% de los pobladores Achuar menores de 18 años, que habitan en las comunidades de la cuenca del río, supera los valores límites de cadmio en sangre. El 59,46% sobrepasa el límite de tolerancia biológica del cadmio y el 37,84% se encuentra en niveles de riesgo de sobrepasarlo.
- El 66,21% del total de la muestra tomada, supera el límite establecido para el plomo en población infantil; y más del 20 % de la población adulta, presenta niveles de plomo por encima del límite aceptable.
Pese a todo ello, el Estado decidió modificar el PAC del Lote 1-AB, permitiendo que la empresa postergue este compromiso de re-inyección en el Lote 1AB, hasta el año 2010; mediante el Decreto Supremo 02-2006-EM.
La protesta y reivindicación de derechos del pueblo Achuar en la cuenca del río Corrientes
La inacción del Estado determinó que las 31 comunidades Achuar y Urarinas representadas por FECONACO, paralizaran de forma pacífica las labores de los lotes 1-AB y 8, durante 13 días en el mes de octubre del año 2006. Como resultado de esta medida de fuerza, se produjeron una serie de acuerdos entre el Estado, los indígenas y la empresa Plus Petrol; siendo los más relevantes los siguientes:
- Reinyección del 100% de las aguas de producción vertidas en el lote 1-AB en diciembre del 2007.
- Reinyección del 100% de las aguas de producción vertidas en el lote 8 en julio del 2008.
- Implementación del Plan Integral de Salud del río Corrientes, con financiamiento de la empresa. Para la implementación de este Plan se creó una instancia de cogestión paritaria entre el Estado y los indígenas.
- Implementación de un Plan Integral de Desarrollo, financiado por el Gobierno Regional de Loreto. Este Plan se diseñaría participativamente, anteviendo las necesidades establecidas por las comunidades afectadas.
- Creación a implementación de un plan de monitoreo ambiental comunitario por parte de las comunidades; el mismo que será independiente de cualquier otro que establezca Plus Petrol o el Estado.
- Se reconoce que la organización FECONACO tiene derecho a la fiscalización de todos los acuerdos, así como también la Defensoría del Pueblo, en uso de sus atribuciones constitucionales.
En la cuenca del río Corrientes se ha iniciado entonces un proceso de reivindicación de los derechos colectivos del pueblo achuar; sin embargo, la situación es completamente diferente con los pueblos afectados en la zona del Tigre y Pastaza; debido a la falta de organización d ela población y al desconocimiento de sus derechos. En esta cuenca, se continuará con el vertimiento de aguas contaminantes en el río hasta el 2010; y la población nunca ha efectuado reclamo alguno ni ha establecido un proceso de identificación de los impactos en la salud humana y en sus territorios ancestrales, ocupados inconsultamente por las empresas petroleras.
En el gráfico se aprecian las 3 cuencas afectadas por el Lote 1-AB; la principal de ellas, en el extremo oriente es el río Corrientes, la intermedia es el Tigre y la extrema oeste es la del río Pastaza.

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(1) Lily La Torre “Solo Queremos Vivir en Paz”, IWGIA, 1998.
(2) Programas de Adecuación y Manejo Ambiental de los Lotes 1AB y 8. 
(3) Recién mediante el Decreto Supremo 015-2006 se establece la obligación de reinyectar todas las aguas contaminantes generadas por la extracción de hidrocarburos.
(4) Pese a que se han realizado dos censos posteriores.

Haga clíck en imagen para ver el mapa completo. Ubique el Lote 1-AB donde realiza su actividad Pluspetro Norte S.A., zona de contaminación ambiental y de conflictos con las comunidades indígenas de Andoas.

Programa de Defensa de Derechos Indígenas
10 de abril del 2009

Los hechos se realizaron a partir del 20 de marzo del 2008, en el Distrito de Andoas, que pertenece a la provincia de Datem del Marañón, así como en el distrito del Tigre, Provincia de Loreto Nauta, en la Región Loreto:

Los eventos de protesta contra la Pluspetrol Norte S.A., se iniciaron en el distrito de Andoas, en donde se había programado un paro en demanda reivindicaciones laborales, enfocados en la mejora salarial de los indígenas que laboraban para la citada transnacional petrolera.

El referido problema se dividió en dos actos:

I.-  Distrito de Andoas – Provincia de Datem del Marañón

En el distrito de Andoas, provincia de Datem de Marañón, fueron detenidos por miembros de la Policía Nacional 26 personas, quienes fueron trasladados a la ciudad de Iquitos, debido a que en la provincia de Datem de Marañón no se contaba con las garantías del caso para albergar a los detenidos.

El Juzgado Mixto de la Provincia  de Datem de Marañón, apertura proceso penal, signado con el Nº 006 – 2008, en donde ordena la detención de 11 personas, quines en un primer momento fueron internados en el establecimiento penitenciario de Iquitos, posteriormente fueron  puestos en libertad 7 de los 11 detenidos, por lo que 4 de ellos hasta la fecha continúan detenidos.

RELACIÓN DE PERSONAS DETENIDAS POR LA PNP EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEN DEL MARAÑON – REGIÓN LORETO.

1. SAULO SÁNCHEZ  RODRÍGUEZ.
2. TEDY GUERRA INDAMA.
3. CLÉBER GNERRY VILCHEZ SUEREZ.
4. ABIMAEL NESSER SILVANO TORRES.
5. MIGUEL ZÚÑIGA CARIAJANO.
6. ALONSO RIQUELME TAPUY AHUANATI.
7. EDVIN ALBERTO GUEVARA TORRES.
8. ESPIRITU EDGAR HUALINGA SANDI.
9. ANDERSON SEGUNDO IMAIMNA  SHUÑA.
10. DANIEL DAHUA MAINA.
11. ROLANDO ISHUHUA SHUPINGAHUA.
12. ABELARDO MUCUSHUA TORRES.
13. CLEVER CRUZ GUARDIA.
14. MINER LANCHA INUMA.
15. ULISES CHOTA DAHUA.
16. JOSÉ MACIAL SNAHCEZ DAHUA.
17. GRIMANIEL CARRASCO TARRILLO.
18. FREDY VILCHEZ SUAREZ.
19. CLEVER VILCHEZ  SUAREZ.
20. JOSÉ LUÍS ESCOBAR RUBIO.
21. MARCO POLO RAMÍREZ ARAHUANAZA.
22. DANIEL DACHAMAYNA.
23. JOHN VEGA FLORES.
24. JOSÉ DENCE FACHIN.
25. MARLIN ROBER CUBAS SALINAS.
26. FELIPE MURAYARI SAQUIRAY.
27. RICHARD DAHUA ARAHUANAZA  (NO HABIDO).
28. SANDI VIDAL VILDIVIA  (NO HABIDO).
29. CARLOS MAGNO HUALINGA DAHUA.
30. ESTEBAN RENGIFO SOPLIN.

DELITOS DE LOS QUE SE LES ACUSA:

1. Contra la vida, el cuerpo y la salud – HOMICIDIO CALIFICADO
2. Contra la vida, el cuerpo y la salud – LESIONES GRAVES
3. Contra el patrimonio – ROBO AGRAVADO
4. Contra el patrimonio – USURPACIÓN AGRAVADA
5. Contra la Seguridad  Publica – PELIGRO COMÚN – TENENCIA DE ARMAS.
6. Contra la Tranquilidad Publica  – PAZ PUBLICA – DISTURBIOS
7. Contra la Administración Publica – VIOLENCIA  Y RESISTENIA A LA AUTORIDAD

Las personas que se encuentran con MANDATO DE COMPARECENCIA RESTRINGIDA, se encuentran con 4 reglas de conducta, de los cuales dos (2) de ellas son casi imposibles de cumplir:

1. Comparece al juzgado cada 30 días para controlarse e informar  de las actividades  que viene realizando.

2. El pago de una caución de S/. 200 .00, que cada uno de los procesados en libertad deberán abonar depósitos en el Banco de la Nación.

II. Distrito de Tigre . provincia de Loreto Nauta

En el Distrito de  Tigre, Provincia de Loreto nauta fueron detenidos por miembros de la Policía Nacional  18 personas, quienes fueron trasladados a la ciudad de Nauta, que es el lugar donde funciona el Juzgado Mixto de dicha provincia.

El Juzgado mixto de la provincia de Loreto Nauta, al recibir la denuncia  penal apertura proceso con el N 013 -2008, en donde ordena la detención de 04 personas, los mismos que hasta la fecha continúan internados en el establecimiento penitenciario de Iquitos.

En este proceso  la Segunda Sala Penal de Loreto, ha ordenado que tanto el expediente principal, así como el CUADERNO DE APELACION DEL  MANDATO DE DETENCION, pasen a tramitarse en el Juzgado y la Sala Suprema que funcionan en la ciudad de Lima, debido a que el Poder Judicial mediante una directiva dispuso que en los procesos sobre  EXTORSION, SECUESTRO Y OTROS, sean tramitados ante estos Juzgados y Salas penales.

PERSONAS DETENIDAS POR LA PNP EN EL DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO NAUTA,  REGION LORETO.

1. GUILLERMO VENNACIO SANDY TAITUY
2. LEONARDO REYES USHIHUA
3. RICARDO CANELOS SANDI
4. RICARDO NUÑEZ CHUNJE
5. HUGO CARIAJANO TAPUY
6. CASSELI CARIAJANO TAPUY
7. BERTONY CARIAJANO TAPUY
8. GÑYDEN  PORTOCARRERO VILLALOBOS
9. DOUGLAS HERMOSO CAMPOS MONTES
10. LIMBER FELIX CARRANZA CUJE
11. LIDER ALBERTO CARIAJANO CUJE
12. AROLDE RODRIGUEZ CARIAJANO
13. FRANKLIN TUITUY USHIHUA
14. EMERSON SANDY RODRIGUEZ
15. BENJAMIN CARIAJANO AGUINDA
16. CACIMIRO FLORES RAMIREZ
17. ARTEMIO SANDI USHIHUA
18. ILGER FELIPE CALDERON CUJE

DELITOS DE LOS QUE LES ACUSA:

1. Delito contra el Patrimonio – EXTORSION AGRAVADA
2. Delito contra el Patrimonio – ROBO AGRAVADO
3. Delito contra la Libertad personal – Coacción
4. Delitos contra la Seguridad Pública – Peligro Común – FABRICACION, SUMINISTRO O TENENCIA DE MATERIALES PELIGROSOS.
5. Delitos contra la Libertad Personal – SECUESTRO. 

Igualmente en este proceso las personas que se encuentran con mandato de COMPARECENCIA RESTRINGIDA, se encuentran sujetos a 2 reglas de conductas:

1. Comparece al juzgado cada 30 días para controlarse e informar  de las actividades  que viene realizando. Existiendo el peligro que el juzgado ordene su detención.

2. El pago de una caución de S/. 200 .00, que cada uno de los procesados en libertad deberán abonar depósitos en el Banco de la Nación. Que también  casi muy distantes de sus comunidades es casi imposible que puedan cumplir debido a su bajo nivel económico, por lo que también se encuentran en peligro de perder su libertad.

Programa de Defensa  de Derechos Indígenas – PDDI.
03 abril del 2009